Presupuesto porteño: nuevas trampas y más deuda
Eduardo Epszteyn

En tiempos donde la Argentina tomó un camino de desendeudamiento con inversión pública inédita, la Ciudad de Buenos Aires ingresó a un camino empedrado de endeudamiento brutal y tajante desinversión social, que recuerda los momentos más humillantes de la gestión menemista.
Tras casi tres años de gestión del macrismo, se consolidan una fuerte inequidad en la orientación del gasto, serias irregularidades y faltas de control en la gestión presupuestaria, y una mayor regresividad en la administración tributaria.
El balance de gestión del jefe de Gobierno procesado por asociación ilícita, deja serios saldos para administraciones futuras: empeoramiento en la calidad de la matriz tributaria, discriminación en la selección de las partidas de inversión efectivamente ejecutadas (relegadas todas las infraestructuras sociales), descontrol en el manejo de contratos de servicios públicos y un incremento dramático (e innecesario) de niveles de endeudamiento.
Esta orientación de política fiscal se manifestó claramente en la discusión paritaria por la que se ajustaron los salarios estatales este año. So pena de no poder abonar los aumentos que se negociaron en paritarias, y no habiéndolos previsto en el presupuesto originalmente sancionado, el Ejecutivo presionó por un incremento selectivo en el Impuesto a los Ingresos Brutos para un conjunto de actividades.
Independientemente de la modifi cación regresiva en la matriz tributaria que estos cambios supusieron, este procedimiento de modifi cación cuatrimestral en el presupuesto (tres presupuestos distintos en un año) constituye un tratamiento irregular.
No sorprende una vez más, que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2011 no se encuentre prevista una pauta para respectivos incrementos.
Hoy, con los datos de la recaudación en mano, quedó demostrada la trampa. El corolario de esta lógica es que, en estos días, el Ejecutivo pretende hacer votar la asignación de $ 971 millones de ingresos excedentes, para solventar un conjunto de redeterminaciones de precios a proveedores, sin mediar un análisis de las carpetas correspondientes, ni la presentación de un detalle sobre los mayores costos que se reconocen a las empresas en cuestión. Se destacan $ 50 millones adicionales en servicios de Seguridad Privada y $ 250 millones para el Servicio de Higiene Urbana, el contrato privado más alto de la Administración. Se trata de una transferencia irrestricta al sector privado contratista, sin control ni justifi caciones debidamente probadas.
Bien querrá el Ejecutivo –una vez más– sensibilizar con la consigna “la oposición le niega el fi nanciamiento a los comedores escolares”, pero todos sabemos muy bien que la calidad del servicio de alimentación en escuelas viene en decadencia desde los albores de esta administración.
¿Qué relación existe entre estos precios que se están redeterminando y la calidad del servicio que se brinda? ¿Cuáles son las metas físicas y los costos para el 2011? El proyecto de Presupuesto 2011 anticipa la repetición de la trampa. El propuesto nivel de inversión de capital de $ 5.600 millones, sobre un total de $ 25.400 millones, es una simpática expresión de deseos para el año electoral. Conociendo la vocación indexatoria del macrismo, nos preocupa la –aún desconocida– ecuación de cantidades (metas físicas) y precios, que subyace este admirable optimismo inversor.
Más aún cuando se prevé fi nanciar, en parte, con mayor endeudamiento público.

* Legislador porteño. Bloque Diálogo por Buenos Aires.

Escuchas. La gravedad del escándalo exige que se remita una copia de la causa penal a la Legislatura
Eduardo Epszteyn

Los hechos y las denuncias referidas a supuestas escuchas ilegales, donde se encuentran involucrados los principales funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, constituyen una situación de gravedad que exige la mayor prudencia e investigación de parte de todas las instituciones democráticas.
No podemos quedarnos sólo con el discurso oficial. Macri miente permanentemente, como lo hizo en la conferencia de prensa que brindó después de haber declarado ante el Juez Norberto Oyarbide. Allí dijo que el Ministerio de Seguridad estaba investigando este tema, cuando el Ministro jamás realizó un investigación interna, como él mismo me lo reconoce en una carta en la que contesta a nuestro pedido de información: "No se iniciaron en este Ministerio actuaciones tendientes a dar inicio a un sumario administrativo", dijo.
Y como si esto fuera poco, Montenegro sostiene que no va a renunciar por más que esté procesado.
El desarrollo de la causa penal, donde ya fueron citados Macri, parte de sus Ministros, y otros funcionarios, evidencia la necesidad de acceder al contenido de la misma, a fin de evitar el falso conocimiento de lo sucedido y acreditado respecto a las supuestas escuchas ilegales, la posible asociación ilícita, el manejo o desmanejo de sectores políticos en la causa judicial, y las contradicciones escuchadas en declaraciones de distintos involucrados o mencionados.
Por eso solicitamos estos actuados, no sólo porque la Legislatura tiene facultad para requerirlos, sino porque tiene el deber de conocer adecuada y acabadamente su contenido.
Macri declaró públicamente que no hay elementos en la causa que permitan configurar ningún supuesto delictivo. Esperando que ello sea así, y que lo mismo ocurra con los restantes funcionarios mencionados –por trascendidos- en la causa, debemos acceder a la información existente.
Esto es lo que corresponde, y así lo entendieron los legisladores de los bloques de Proyecto Sur, Coalición Cívica, Igualdad Social y Nuevo Encuentro, que nos acompañaron en esta presentación.

Logramos evitar un oscuro endeudamiento por $600 millones
Eduardo Epszteyn

El gobierno del ingeniero Macri va a ser recordado como el menos ejecutivo y el más caro de la historia. Cuenta con más recursos que cualquiera de las gestiones anteriores en esta etapa democrática, no ejecuta los presupuestos que tiene asignados, y aún así sigue empeñado en conseguir más recursos a costos más altos que los que se ofrecen en el mercado y por vías que burlan los principios de transparencia establecidos en la constitución porteña.
Hace muy poquito Macri obtuvo 475 millones de dólares a la altísima tasa del 12,5 por ciento cuando lanzó el Bono porteño Tango, desoyendo a todos los especialistas en mercados financieros que estimaban que después del canje de la deuda encarado por el Estado Nacional sería posible obtener créditos a tasas de un dígito. En ese momento argumentó que ese monto estaría destinado a la ampliación de la red de subterráneos.
Esta vez pretendió endeudar a la ciudad en $600 millones a través de la empresa estatal AUSA, concesionaria de las autopistas porteñas. La jugada de Macri apuntaba a comprometer por cinco años las recaudaciones futuras de la empresa para pagar préstamos a intereses de entre 16 y 22 por ciento, con el objetivo de financiar obras que no son prioritarias.
En ese escenario presentamos un recurso de amparo junto al diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) solicitando la suspensión de la licitación, ya que todo endeudamiento debe ser aprobado por la Legislatura de la ciudad, como lo determina la Constitución porteña, puesto que significa una carga a futuro para las arcas públicas, y el hecho de que AUSA sea un organismo descentralizado no lo exime de la exigencia del aval legislativo.
Como consecuencia de nuestra presentación, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 11, Fernando Enrique Lima, dispuso como medida cautelar frenar el trámite.

Seguimos militando contra la edificación indiscriminada:
Suspensión de la Megatorre Quartier de Av. Garay
Eduardo Epszteyn

Desde la Legislatura hemos solicitado al Poder Ejecutivo que suspenda la autorización otorgada al proyecto Megatorre Quartier San Telmo, y convoque a las organizaciones vecinales San Telmo Preserva y Basta de Demoler a un diálogo inmediato para consensuar proyectos de inversión que no generen alteraciones en la morfología e identidad barriales.
Parece increíble, pero mientras el mismo bloque del PRO en la legislatura coincide con nuestra posición, y hasta ha presentado proyectos propios solicitando la ampliación del casco histórico, el Ejecutivo autoriza en contrario la construcción indiscriminada.
Proponemos la modificación de artículos de los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación, con el objeto de dar una solución transitoria hasta tanto se elabore el nuevo Código Urbanístico, conforme lo establece el Plan Urbano Ambiental, a fin de evitar desajustes morfológicos en algunas zonas de la ciudad, provocados por el importante aumento de la actividad de la industria de la construcción de los últimos años.
La consecuencia de esta actividad es la construcción de edificios en altura que están modificando el perfil de algunas zonas de la ciudad en forma negativa, alterando las características históricas en detrimento de su identidad barrial.
Los vecinos de estos barrios, con quienes hablamos y participamos de sus asambleas y convocatorias, ven amenazado el entorno de los lugares que eligieron como hábitat, perdiendo calidad ambiental y urbanística con las nuevas construcciones, que si bien respetan las normas urbanísticas, resultan agresivas para sectores de la ciudad que han conservado sus características originales.
Nuestro proyecto puso de manifiesto la preocupación de los vecinos independientes y numerosas asociaciones vecinales, y propone una solución transitoria hasta tanto se redacto el nuevo Código Urbanístico: que se suspenda toda obra en ejecución y toda solicitud de Permiso de Demolición y Permiso de Obra que altere o produzca disrupciones morfológicas.

El problema estructural
Eduardo Epszteyn y Martín Hourest

El peso del Estado Local de la Ciudad en relación con su economía es el más bajo de la Argentina. La ciudad en la que se emplaza el Estado Nacional, donde se instalan las casas matrices de las principales empresas y es el eje cultural de la región, tiene un Estado pequeño frente a su movimiento económico y a los impresionantes desplazamientos de recursos de toda índole que a diario se producen en su territorio.
Durante dos años le advertimos al Ejecutivo que los criterios de política económica que estaba poniendo en práctica, concretamente, llevarían a la Ciudad a una situación de fuerte compromiso de sus ingresos futuros, al tiempo que acarrearían un atraso insalvable en materia de inversión en infraestructura urbana y social.
El manejo de los grandes contratos de servicios públicos fue negligente. Las obras priorizadas fueron, y son, las “de mantenimiento”, en perjuicio de nuevas infraestructuras urbanas, sociales y de transporte público. La administración de la deuda pública fue onerosa, y en código de “buena conducta con los mercados”, para exponerlo elegantemente.

PRIVILEGIADOS Y POSTERGADOS.
Este conjunto de criterios configura un mapa de sectores favorecidos y desfavorecidos por el Gobierno de la Ciudad en estos dos años de gestión.
El ritmo de indexación de los contratos de obras y servicios públicos, y la manera en que se pautan los compromisos con los proveedores, ora que onerosos para el erario público, vienen acompañados por caídas de calidad y cantidad en la inversión y la provisión de servicios públicos.
El contraste de esta relación desventajosa del Estado frente a grandes proveedores, lo muestran quienes perciben salarios, ingresos fijos y beneficios sociales de la Ciudad, cuyos valores nominales se ajustan por la inflación oficial. Esta discriminación por tipo de actores en el gasto se profundiza al interior de cada área.
El gobierno de Macri ha instalado una serie de mecanismos de reasignación de recursos que velozmente van empeorando los niveles de justicia en materia de destino del gasto, a la vez que deteriora la sustentabilidad urbana, social y ambiental de una Ciudad, que ve crecer su ritmo de actividad, y está obligada a responder con bienes públicos y regulaciones que la hagan más vivible para sus habitantes y transeúntes comunes.
Compartimos: hay que incrementar el poder del Estado local para intervenir y dar servicios, hay que sumar la presión impositiva sobre los que más riqueza poseen, hay que ampliar la participación de la Ciudad en las transferencias nacionales, hay que acceder a financiamiento blando –con destino específico y de largo plazo, como el tramitado recientemente en la Corporación Andina de Fomento–, hay que apalancar, así, mayor inversión pública. Durante dos años el macrismo abandonó en el limbo de imaginarios “fondos” para infraestructura, la posibilidad de mejorar el transporte público y el equipamiento social.
En este período de severa desinversión, la deuda creció geométricamente en la Ciudad. El gran incremento de los recursos de la Ciudad fue a parar a la succionadora de las empresas contratistas del Estado, formadoras de sus precios, e impositoras de las relaciones contractuales.
El balance no puede ser peor.

LA OPORTUNIDAD.
Pero el enunciado somero de estos problemas por parte del macrismo parece un discurso de pátina sobre sus verdaderas intenciones. Hoy, puntualmente, éstas se delataron con la escandalosa colocación de deuda en distintos mercados europeos, que realizara la Ciudad por intermedio del Banco Credite Suisse y la ignota consultora KBR.
Se trata de una operación que raya lo fraudulento.
Supone una colocación de deuda pública por U$S475 millones, que generó una abultada comisión para las “entidades gestoras” de la venta, de U$S 9,5 millones.
Esta oferta de títulos, hay que decirlo, ya venía con “buenos augurios” de aceptación: a una tasa del 12,5% sobre el capital anual, a cinco años y con amortizaciones parciales, se trata, ya de por sí, de un bono atractivo para “los inversores”, en comparación con similares títulos de deuda pública. La tasa es alta, muy alta para el contexto internacional de gran liquidez en dólares.
Agrava esta práctica un elemento de oportunidad: a 30 días de poderse establecer los verdaderos parámetros de mercado para este tipo de instrumentos financieros, una vez madurado el conocido canje de deuda nacional, afirmamos que el sobrecosto financiero de la operación supera los $200 millones, comparado con la posiblemente cercana vigencia de tasas de un dígito.
La participación privada de ex dirigentes partidarios de la fuerza PRO en la operación no hace más que ponerle un aditamento previsible al hecho, ubicándolo en la saga de los desgraciados eventos por medio de los cuales se creó la deuda pública en la Argentina de los últimos 35 años. Los hechos de corrupción forman parte indisoluble de la mecánica del endeudamiento público fraudulento. El peso de sus consecuencias, otra vez, caerá sobre más de una generación.
¿Cuál, sobreactuadamente reaccionaria, será la maniobra de distracción de Macri cuando los límites de la realidad no le dejen, ya, ningún margen?

Las demoliciones en San Telmo
Por Eduardo Epszteyn

El Plan Urbano Ambiental plantea que “se prestará particular atención a la variable patrimonial con el objeto de integrarla a las políticas de transformación y el resguardo de aquellas áreas, paisajes, monumentos y otros elementos urbanos de relevante valor histórico, estético, simbólico y testimonial”. Este caso se refiere claramente a la necesidad de preservar la memoria y la identidad barriales.

A veces, de tanto mencionar un conflicto, se incorpora en las costumbres cotidianas como algo más, y deja de ser un conflicto para transformarse en un flagelo.

Y hasta que las instituciones estatales no toman una decisión conjunta y articulada para erradicarlo, se convierte en una culpa colectiva y en una vergüenza social que nos atraviesa.

La presencia de la pasta base de cocaína (Paco) en la ciudad de Buenos Aires, coincide con la crisis social y de desempleo de principios de este siglo. Y, curiosamente, a medida que se iban vulnerando y recortando derechos sociales básicos, durante la década del 90, se iban instalando nuevos negocios ilegales de venta de drogas que -por su propio contenido-, generan daños físicos y neurológicos inmediatos e irreversibles.

Naturalmente, las impurezas de la pasta base se presentan y ofrecen a aquellos sectores menos protegidos alimentaria, cultural, educativa y sanitariamente. ¡Ni hablar laboralmente! Son los más pobres de la pobreza, y, en general, los primeros en sufrir los ajustes presupuestarios.

En el aspecto de los derechos, la Ley de Prevención y Asistencia del Consumo de drogas en la Ciudad, todavía no fue reglamentada, es decir, sus contenidos (atención de la población sobre los trastornos iniciales, capacitación del recurso humano socio-sanitario, o la creación de unidades de referencia en centros de salud, hospitales, consultorios externos, etc.) son ignorados por las autoridades de gobierno. Y más grave aún es que a medida que el flagelo de la pasta base sigue avanzando, se pone en crisis el sistema sanitario de la Ciudad con medidas tan poco simpáticas que terminan poniendo en riesgo la existencia misma de los hospitales de salud mental, en el ámbito porteño.

Es decir, que a la falta de articulación de todos los ámbitos de decisión política, se suma una impericia tal en las políticas sociales, que pareciera convertir al flagelo en un callejón sin salida.

Y aunque más de una vez se instalen conflictos estadísticos, diferencias de enfoque, o informes puntuales sobre la problemática del consumo de la pasta base en la Ciudad, lo que todos tenemos bastante claro, es que la cuestión de la fabricación y venta de esta droga letal no se esconde detrás de grandes organizaciones internacionales ?que requieren profundos y permanentes trabajos de inteligencia-, y que, si la preocupación se transforma en voluntad política, podemos empujar a que verdaderamente el Estado se ocupe de desarticular y erradicar a los miserables morales que se benefician económicamente con este "negocio". No pueden seguir siendo los familiares directos de las víctimas los que se ocupen de la cuestión represiva de estas bandas, como si todo el resto fuera complicidad.

La Jornada de debate sobre pasta base de cocaína, que realizamos hoy en la Legislatura de la Ciudad, y que va a contar con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Dr. Eugenio Zaffaroni, pretende dar prioridad -en la agenda de representación legislativa- a esta profunda problemática social.